El Gobierno ha revelado una nueva normativa que impactará a todos los propietarios que pretendan alquilar o vender sus viviendas en el país. Desde el mes próximo, será requisito indispensable que todas las propiedades cuenten con un certificado de eficiencia energética actualizado para poder incluirse en el mercado inmobiliario.
Esta medida, orientada a promover la sostenibilidad y la transparencia en el sector, ha suscitado diversas reacciones entre los dueños de inmuebles y las empresas del ramo. Según la normativa, el certificado deberá ser emitido por un técnico autorizado y tendrá una vigencia de diez años. Las viviendas que ya dispongan de este certificado deberán asegurarse de que esté vigente.
El Ministerio de Vivienda ha detallado que el certificado de eficiencia energética evaluará múltiples aspectos del inmueble, como el consumo de energía, la emisión de CO2 y la calidad del aislamiento térmico. Los resultados de esta evaluación se reflejarán en una escala de siete letras, que va desde la «A» para las viviendas más eficientes, hasta la «G» para las menos eficientes. Esta información deberá incluirse en todas las promociones y anuncios relacionados con la venta o el alquiler de la propiedad.
Las inmobiliarias consideran esta medida como una oportunidad para ofrecer un valor añadido a sus clientes, aunque también anticipan un posible incremento en los costos iniciales para quienes deseen comercializar su vivienda. «Si bien el coste de obtener el certificado puede ser un obstáculo inicial, a largo plazo los propietarios podrán atraer más fácilmente a compradores o inquilinos interesados en propiedades energéticamente eficientes», comentó Javier Martínez, gerente de una conocida inmobiliaria en la capital.
Por otro lado, algunos propietarios muestran su preocupación sobre la urgencia en adaptarse a la nueva normativa, particularmente aquellos con inmuebles antiguos. «Nuestro edificio tiene más de 50 años, y aunque hemos realizado mejoras, no estamos seguros de si pasará todos los requisitos de eficiencia», expresó Laura Gómez, propietaria de un apartamento en el casco antiguo de Madrid.
Desde el Gobierno, se insiste en la importancia de esta medida para combatir el cambio climático y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. «Queremos que los consumidores estén informados y puedan tomar decisiones más responsables y conscientes. Es un paso necesario para avanzar hacia un futuro más sostenible», declaró el ministro de Vivienda, Carlos López.
Además, para facilitar la transición, se han implementado subvenciones y ayudas para la rehabilitación energética de las viviendas. Estas ayudas podrán solicitarlas tanto propietarios individuales como comunidades de vecinos que deseen mejorar la eficiencia energética de sus edificios, cubriendo parte del coste de las obras.
Con la entrada en vigor de esta normativa, España se alinea con otros países europeos que ya han implementado reglamentaciones similares, reforzando su compromiso con los objetivos del Acuerdo de París y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
