Toledo, 18 de noviembre de 2025.- El Gobierno regional ha informado que las campañas de extinción y prevención de incendios, así como su regulación, han evolucionado conforme a la normativa vigente, con el objetivo de compatibilizar al máximo las actividades agrícolas y ganaderas con la seguridad tanto de la ciudadanía como del medio ambiente frente a incendios forestales.
Esta declaración proviene de la Consejería de Desarrollo Sostenible tras la reciente sentencia del Tribunal de Castilla-La Mancha que anuló una resolución que limitaba el uso de maquinaria agrícola durante dos días del mes de julio en 2021.
Desde la Consejería explicaron que la resolución emitida el 8 de julio de 2021 fue tomada en un contexto de ola de calor excepcional, con índices de propagación del fuego muy altos, temperaturas extremas y condiciones meteorológicas desfavorables.
En este escenario, la Consejería actuó adoptando medidas preventivas excepcionales, temporalmente limitadas y enfocadas en proteger la seguridad de las personas, del sector agrario y del medio natural, dado que Castilla-La Mancha enfrentaba un riesgo real e inmediato de incendios forestales, capaces de afectar tanto a explotaciones agrarias como a infraestructuras y zonas pobladas. Estas decisiones se basaron en criterios estrictamente técnicos.
Avance en la normativa de prevención de incendios forestales
Desde el Ejecutivo autonómico, destacaron que decisiones como la de ese momento llevaron a una evolución de la normativa de prevención de incendios forestales. Esta se ha ido adaptando a la Ley estatal de Montes, implementando un modelo avanzado basado en el Índice de Propagación Potencial (IPP) y el Plan de Prevención, Vigilancia y Extinción 2025.
Asimismo, resaltaron que en la actualidad se están aplicando medidas graduadas, objetivas y proporcionadas de acuerdo con el nivel de riesgo en cada área, garantizando seguridad jurídica y un procedimiento claro para las excepciones y autorizaciones, siempre en colaboración con el sector agrario.
Estas iniciativas han culminado, tras un consenso logrado entre diferentes organizaciones agrarias y la Consejería, en la resolución de julio de 2025, que ha flexibilizado las actividades de cosecha y empaquetado de cereal en la región durante los días de alto y extremo IPP, limitando su aplicación a terrenos forestales y a una franja de 400 metros alrededor de estos, siempre que se llevaran a cabo con las medidas de seguridad establecidas en un horario específico.
Gracias a este modelo regulatorio, Castilla-La Mancha ha logrado reducir la incidencia de incendios, y su normativa ha servido como ejemplo para otras comunidades autónomas que han optado por implementar restricciones temporales similares, como se ha evidenciado durante la reciente ola de incendios que afectó a España este verano.
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