El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el régimen de distribución del nuevo impuesto sobre la banca, tal como se establece en la Ley 7/2024, aprobada el 20 de diciembre. Esta acción se justifica por la percepción de que el criterio de distribución, basado en el Producto Interior Bruto (PIB), es injusto y arbitrario. Las autoridades regionales argumentan que este sistema se ha implementado «sin consultar a las comunidades autónomas» y representa un enfoque inédito en España.
Durante una rueda de prensa en el Palacio de Fuensalida en Toledo, el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, anunció esta decisión. Estuvo acompañado por Isidro Hernández, director general de Presupuestos, quien también participó en el análisis de los estudios jurídicos realizados por el equipo de la Junta y el Consejo Consultivo. Ambos coincidieron en que la ley podría tener defectos de inconstitucionalidad, especialmente en lo que respecta a la distribución de la recaudación.
El consejero subrayó que el desacuerdo no está relacionado con el impuesto en sí, que considera justificado en la medida que quienes tienen más recursos contribuyan en mayor proporción, sino que se centra en el mecanismo de distribución que da preferencia a las comunidades autónomas con mayores recursos, lo que contradice los principios de equidad y redistribución de la riqueza entre las distintas regiones.
Ruiz Molina expuso tres argumentos clave en apoyo al recurso de inconstitucionalidad. Primero, advirtió que el proceso de aprobación de la ley se llevó a cabo de forma unilateral, sin tener en cuenta las opiniones de las diversas comunidades autónomas, lo que supone una violación de la autonomía financiera prevista en el artículo 156.1 de la Constitución. En segundo lugar, consideró que la introducción de un nuevo criterio para la asignación de recursos debería haberse tramitado como una ley orgánica, en lugar de como una ley ordinaria, incumpliendo la reserva de ley orgánica en materia de financiación conforme al artículo 157.3 de la Constitución. Por último, el tercer argumento indica que este criterio de distribución vulnera el principio de solidaridad, fomentando desequilibrios en lugar de la convergencia de rentas entre las diferentes comunidades autónomas.
La postura del Gobierno de Castilla-La Mancha se basa en una firme intención de proteger los derechos de sus ciudadanos. Ruiz Molina concluyó enfatizando que este recurso no busca confrontar con el gobierno central, sino defender los intereses de la región, independientemente de la orientación política del gobierno en ejercicio. Destacó la importancia de la lealtad institucional y la equidad como valores esenciales que deben guiar la actuación de las instituciones.
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