El Gobierno de Castilla-La Mancha ha proclamado una emergencia cinegética temporal para afrontar los daños causados por la sobrepoblación de conejos en las cosechas de la región. Esta decisión fue comunicada el pasado viernes a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y afecta a 308 municipios en las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo.
José Almodóvar, viceconsejero de Medio Ambiente, ha destacado que esta medida permitirá la implementación de diferentes estrategias para el control poblacional, que incluirán la caza con escopeta y la captura utilizando hurones y redes. No obstante, estas actividades se realizarán en momentos concretos y conforme a las condiciones establecidas por la Administración.
La normativa habilita el control de conejos en terrenos agrícolas donde se haya comprobado una elevada densidad de la especie y daños significativos. Aunque los agricultores no requieren solicitar autorización para actuar en estas áreas, sí están obligados a informar a la Administración sobre la intervención, así como sobre la ubicación exacta. Agentes medioambientales supervisarán estas acciones para garantizar el cumplimiento de las normativas. Almodóvar también ha subrayado la necesidad de realizar el control de manera equilibrada y respetuosa con el medio ambiente, con el fin de no afectar a otras especies silvestres y ecosistemas vulnerables.
Una de las novedades de esta medida es que se permite la comercialización de los conejos capturados en las zonas afectadas por la emergencia cinegética temporal. Los conejos deberán ser sacrificados de inmediato y entregados a establecimientos autorizados de manipulación de caza silvestre, cumpliendo así con la normativa sanitaria actual y con la documentación necesaria para asegurar la seguridad alimentaria.
Con esta estrategia, el Gobierno regional busca fomentar el uso responsable de los recursos cinegéticos y ofrecer una oportunidad comercial para el sector de la carne de caza en Castilla-La Mancha. Almodóvar ha asegurado que esta declaración refuerza el compromiso del Ejecutivo con la conservación del medio ambiente, trabajando en colaboración con agricultores y organizaciones agrarias y cinegéticas para lograr un equilibrio sostenible entre la fauna silvestre y la protección de los cultivos.
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