Toledo, 2 de octubre de 2024
El Gobierno de Castilla-La Mancha tomará acción popular en el proceso penal relacionado con el presunto asesinato por violencia de género ocurrido el 23 de febrero de 2024 en Aldea del Rey (Ciudad Real).
La consejera portavoz, Esther Padilla, ha anunciado esta decisión y ha enfatizado que la implicación del Ejecutivo autonómico en la lucha contra la violencia de género abarca la personación en todos los casos de asesinatos machistas en la región, así como en situaciones de agresiones que dejen graves secuelas a las víctimas. Padilla ha subrayado que Cándida, la mujer asesinada y madre de un niño de nueve años, fue la quinta víctima en toda España y la primera en Castilla-La Mancha en lo que va de 2024.
La portavoz ha explicado que la participación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en este procedimiento judicial se realiza con el fin de que el peso de la ley recaiga plenamente sobre el agresor y para defender los derechos de la víctima. Esta acción es, además, una obligación estipulada en el artículo 35 de la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género, considerada una de las normativas más avanzadas en la protección de los derechos de mujeres y menores que sufren violencia de género en España. Padilla ha asegurado que, al ser un deber legal, “no dependerá de la voluntad política del gobierno de turno”, garantizando así la defensa de las víctimas en la región sin importar quién esté en el poder.
Compromiso en la lucha contra la violencia
Esther Padilla ha reafirmado que el gobierno de García-Page, “comprometido con los derechos humanos y la igualdad”, se mantiene firme en su combate contra estas violencias a través de leyes, políticas y acciones específicas. Ha señalado que, en el marco de la acción popular en procedimientos judiciales, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha intervenido en 49 casos, 43 de ellos por asesinato de la víctima y seis por lesiones graves.
Además, ha destacado que estos asesinatos han dejado a 32 menores huérfanos y cinco menores que han sido asesinados en la región desde el inicio de los registros, los cuales también son reconocidos como víctimas por esta ley. En este contexto, ha recordado que el Ejecutivo regional ha incrementado las ayudas a la orfandad por violencia de género hasta 7.200 euros anuales. En el caso de Cándida, hay un niño que también es víctima y tiene derecho a acceder a estas ayudas. Este año, se ha ampliado la edad para solicitarlas, hasta los 21 años generalmente y hasta los 25 en casos de discapacidad.
Acciones legales contra delitos de odio en Ugena
Por otro lado, la portavoz del Gobierno de García-Page ha informado que se llevarán a cabo acciones judiciales como acusación particular por las pintadas homófobas y los actos vandálicos ocurridos en el Instituto de Educación Secundaria Obligatoria ‘Almudena Grandes’ en Ugena, Toledo. “Al igual que nos personamos para combatir la violencia de género, también nos comprometemos en otros procesos judiciales relacionados con delitos de odio o ataques a la igualdad”, ha dejado claro Padilla, quien ha afirmado que estos actos constituyen un ataque a la integridad moral de un docente y causan daños a la propiedad pública.
La consejera también ha enfatizado que en Castilla-La Mancha “se trabaja para que no haya lugar para el odio en nuestras aulas” y que ninguna persona debe ser señalada o discriminada por su orientación sexual o cualquier otra circunstancia, como su origen, raza o creencias. “Estos actos son un ataque directo a los valores de respeto y convivencia que defendemos desde el Ejecutivo de García-Page”, ha manifestado.
Asimismo, Padilla ha recordado que el Gobierno regional ya se personó debido a las pintadas homófobas y actos vandálicos sucedidos en el IES ‘Margarita Salas’ de Seseña a finales de 2023 y principios de 2024.
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