Toledo, 27 de febrero de 2025.- En una reciente reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha manifestado su desacuerdo con el criterio de distribución del impuesto a la banca, el cual se fundamenta en el Producto Interior Bruto (PIB) regional. El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, calificó esta medida de “injusta” y contraria a un principio esencial de la Constitución Española que promueve una distribución equitativa de la riqueza nacional entre las diversas regiones del país.
Durante una rueda de prensa celebrada en el Palacio de Fuensalida en Toledo, Ruiz Molina expuso los argumentos que respaldan la postura del Gobierno regional. El consejero argumentó que el enfoque actual beneficia a las comunidades autónomas con mayor capacidad económica, lo que crea desigualdades en el acceso a servicios públicos, asumiendo que los residentes en zonas más prósperas tienen derecho a una mejor financiación y a servicios de mayor calidad. “La sociedad no comprende que un impuesto recaudado de los más ricos se reparta principalmente entre las comunidades más adineradas”, destacó.
Ruiz Molina también mencionó que, a pesar de que la propuesta fue impulsada por un Gobierno socialista, su administración ha optado por actuar con coherencia, priorizando los intereses de Castilla-La Mancha sobre cualquier consideración política. “Apoyaremos lo que beneficie a la región y nos opondremos a lo que le perjudique”, afirmó, instando al líder del Partido Popular en la región, Paco Núñez, a adoptar una filosofía de consenso y responsabilidad.
En otro asunto relevante tratado durante la conferencia, el consejero expresó su “satisfacción” por la propuesta de condonación parcial de la deuda estatal, que asciende a 5.000 millones de euros para Castilla-La Mancha. Ruiz Molina enfatizó que esta medida no solo corrige una injusticia histórica—ya que la región ha sido la primera en reclamar oficialmente la condonación desde 2017—sino que también reconoce la infrafinanciación que ha afectado a la comunidad autónoma.
Subrayó que Castilla-La Mancha se beneficiará considerablemente de esta condonación, la cual permitirá reducir su ratio de deuda respecto al PIB, pasando del 30 por ciento actual al 20 por ciento tras la condonación, situándose entre las comunidades que más se beneficiarán en términos per cápita.
Sin embargo, Ruiz Molina advirtió que la condonación de deuda no resuelve los problemas de financiación a largo plazo y subrayó la urgencia de establecer un nuevo modelo de financiamiento que aborde integralmente las carencias económicas que enfrenta su comunidad. Abogó por la creación de un fondo transitorio que compense a las comunidades que continúan infrafinanciadas y pidió un esfuerzo similar al realizado para la condonación de la deuda con el fin de garantizar un modelo de financiación justo para todas las comunidades autónomas.
El mensaje del consejero es claro: Castilla-La Mancha busca asegurar que las decisiones futuras en materia de financiación sean equitativas y beneficien a todos los ciudadanos, sin tener en cuenta su ubicación en el país.
