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En septiembre de 2023, se inició el funcionamiento del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno, un organismo vinculado a las Cortes de Castilla-La Mancha, bajo la presidencia de Fernando Muñoz. Desde su establecimiento, el Consejo ha gestionado un total de 313 expedientes, de los cuales 28 corresponden a 2023 y 285 a 2024. Muñoz informó en una rueda de prensa que han logrado resolver el 78% de estos casos «con agilidad y priorizando soluciones en lugar de la judicialización», antes de presentar la Memoria Anual de 2024 en la Comisión de Asuntos Generales del Parlamento regional.
Muñoz subrayó la consolidación de una «institución austera pero efectiva» en 2024, destacando la capacidad de su equipo de solo ocho personas para abordar desafíos operativos. Entre los logros más relevantes, mencionó la implementación de la sede electrónica del Consejo, una herramienta fundamental para la gestión eficiente de expedientes.
Los datos de 2024 indican que Guadalajara registró el mayor número de expedientes con 98, lo que representa el 34% del total. Toledo tuvo 55 expedientes (19%), Albacete 30 (11%), Cuenca 20 (7%) y Ciudad Real 15 (5%). Además, se abrieron 67 expedientes en otras provincias, sumando un 24%.
Con respecto a los sujetos obligados reclamados, 180 expedientes (63%) fueron presentados ante ayuntamientos, 72 (25%) frente a la Junta de Comunidades, 21 (8%) contra diputaciones provinciales y 11 (4%) contra consorcios públicos. La demanda de acceso a la información pública mostró un notable aumento, pasando de 23 reclamaciones en 2023 a 247 en 2024, lo que refleja una creciente necesidad de control sobre la gestión pública.
Muñoz destacó que, en 2024, se resolvieron 235 casos, representando el 82,74% de los expedientes abiertos, con 61 reclamaciones estimadas y 58 desestimadas. En términos estadísticos, la página web del Consejo recibió 7.233 visitas en 2024, lo que supone un aumento del 144% respecto al año anterior, resaltando el interés por la Guía de Acceso a la Información Pública.
Entre los logros también se incluye la creación del Censo de Sujetos Obligados y el Mapa de Obligaciones, donde se identificaron y clasificaron más de 1.300 entidades públicas. Muñoz enfatizó la relevancia de cumplir con 132 obligaciones de transparencia en 13 categorías, lo que sentará las bases para una evaluación rigurosa a partir de 2025.
En el ámbito presupuestario, el Consejo ejecutó el 47% de su presupuesto anual de 1.370.000 euros, concentrándose en áreas como formación y tecnología. El remanente se destinará a proyectos innovadores, incluyendo la certificación de transparencia asociada a inteligencia artificial. Además, se anunció la expansión de los talleres de formación en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha.
La gestión del Consejo, con un equipo limitado y un presupuesto modesto, ha puesto de manifiesto que la transparencia es una inversión en democracia, convirtiendo cada acción en un pilar para una Castilla-La Mancha más íntegra.
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