La Policía Nacional ha llevado a cabo una operación que ha permitido desmantelar una organización criminal supuestamente dedicada a estafar a migrantes en situación irregular en España. Esta red ofrecía trámites de residencia falsos a cambio de cantidades que llegaban hasta los 8.000 euros, utilizando documentación fraudulentamente alterada para simular vínculos sociales, laborales y familiares. Además, emitía resguardos de protección internacional falsos con un costo de hasta 1.000 euros, creando en las víctimas la falsa ilusión de estar en proceso de regularización legal.
La investigación comenzó en octubre de 2024 en la provincia de Teruel, cuando se detectó una solicitud de autorización de residencia con irregularidades, como la falta del certificado de inscripción de pareja correspondiente. Este hallazgo llevó a los agentes a descubrir numerosos trámites administrativos fraudulentos en varias provincias, donde se confirmó que diversas personas eran utilizadas como reagrupantes sin su consentimiento.
La red operaba en múltiples provincias y contaba con una estructura organizada para atraer a sus clientes. Su funcionamiento se facilitaba gracias a la colaboración de un funcionario en un ayuntamiento de un municipio de Toledo, quien presuntamente alteraba datos en registros oficiales y ofrecía asesoramiento para crear arraigos y empadronamientos falsos. Esta colaboración era clave para dar una apariencia de legalidad a los trámites ilegales.
Los integrantes de la organización se beneficiaban de la vulnerabilidad de sus víctimas, muchas de las cuales carecían de un conocimiento adecuado sobre el marco jurídico español. Les ofrecían falsas vías de legalización mediante autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales, cobrando entre 3.000 y 8.000 euros según el trámite. Uno de los métodos de estafa más comunes incluía la falsificación de resguardos de solicitud de protección internacional, que se ofrecían como documentos válidos, a pesar de ser falsos.
Los investigadores también descubrieron que el grupo proporcionaba asesoría ficticia a los migrantes sobre cómo comportarse ante las autoridades para evitar ser detectados, incluidas instrucciones sobre qué declarar. La operación concluyó con seis registros domiciliarios y la detención de 12 personas en diferentes provincias: 5 en Guadalajara, 4 en Madrid, 2 en Toledo y 1 en Barcelona. Durante estas intervenciones, se incautaron 13.670 euros en efectivo, dispositivos electrónicos y una gran cantidad de documentos relacionados con la investigación.
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