En un intento por combatir los delitos contra el patrimonio, la Guardia Civil de Cuenca ha informado sobre la detención de cuatro individuos, cuyas edades oscilan entre los 29 y 43 años, en relación con una serie de delitos relacionados con la sustracción de cable de cobre. Se les imputa un total de 15 delitos, que incluyen 11 hurtos, un delito de daños, dos delitos de receptación y un delito de pertenencia a una organización criminal.
La investigación se inició en junio de 2023 después de detectar un aumento en los delitos contra las líneas de comunicación telefónica en diversas carreteras de la provincia de Cuenca, donde se había robado cable de cobre. Tras analizar los sucesos, se descubrió que los delincuentes seguían un patrón específico de conducta, que consistía en actuar cerca de carreteras y en pequeñas poblaciones aisladas. Los cables eran cortados, seccionados, ocultados cerca del lugar del robo y posteriormente recogidos para ser quemados y extraer el cobre.
La Guardia Civil de Tarancón, a cargo de la investigación, implementó dispositivos de vigilancia en áreas propensas a estos incidentes. La operación resultó en el descubrimiento de dos individuos en un vehículo alquilado, quienes no tenían cobre en su posesión pero sí herramientas utilizadas para cortar el cableado telefónico. Estas personas, residentes en la Comunidad de Madrid, utilizaban vehículos alquilados para cometer los crímenes y se rastrearon también los lugares donde vendían el cobre robado.
Durante el desarrollo de la operación, se detuvo a uno de los sospechosos en la provincia de A Coruña y, posteriormente, a otro en Villar de Domingo García (Cuenca). Además, se arrestó a los responsables de dos establecimientos, uno en Seseña (Toledo) y otro en Coslada (Madrid), a quienes se les acusa de receptar el cobre robado.
Se han esclarecido 15 delitos y se ha logrado recuperar parte del cableado robado, el cual había sido cortado y escondido para su posterior quema. Los detenidos, junto con los objetos incautados y las diligencias realizadas, han sido puestos a disposición del Juzgado número uno de San Clemente.
Es importante destacar el impacto negativo que este tipo de actividades ilegales tiene en las instalaciones afectadas, ya que, además de la pérdida del material sustraído, el daño interrumpe los servicios esenciales que las empresas ofrecen a la sociedad.
