Treinta y siete organizaciones feministas, sociales y sindicales han convocado concentraciones en Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Toledo para el próximo lunes 29 de septiembre a las 19.00 horas. Esta movilización se celebra en el contexto del Día Internacional del Derecho al Aborto Legal y Seguro, que se conmemora el 28 de septiembre. El propósito de estas concentraciones es denunciar el «incumplimiento» por parte del Gobierno regional de Castilla-La Mancha respecto a su deber de garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en el sistema de salud pública.
Según información de Amnistía Internacional, más de dos años y medio después de la aprobación de la Ley Orgánica 1/2023, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no ha implementado medidas efectivas que aseguren el derecho al aborto en la sanidad pública. Esta falta de acción ha llevado a una excesiva dependencia de clínicas privadas y ha generado desigualdades en el acceso a este derecho en diferentes territorios.
Las organizaciones han manifestado su preocupación por esta «dejadez institucional», que está creando serias dificultades para que las mujeres puedan ejercer su derecho al aborto, en especial aquellas que se encuentran en condiciones más vulnerables. Durante los últimos dos años, han solicitado numerosas veces información a la Consejería de Sanidad y a la Consejería de Igualdad, incluso empleando el Portal de Transparencia para obtener respuestas sobre las medidas adoptadas para asegurar el derecho al aborto en Castilla-La Mancha.
La respuesta oficial de la Consejería de Sanidad, que se emitió a principios de verano tras una reclamación al Consejo Regional de Transparencia por no cumplir los plazos legales, ha evidenciado, según Amnistía, «la falta de voluntad política». Esta situación es preocupante, ya que más del 60% de las mujeres que optan por un aborto en Castilla-La Mancha deben viajar a otras comunidades autónomas para ejercer su derecho.
Desde 2010 hasta 2023, solo se han realizado 18,895 de los 47,239 abortos practicados a usuarias del Sistema Nacional de Salud de Castilla-La Mancha en la propia región, lo que indica que el 99.94% de los abortos se llevan a cabo en clínicas privadas o concertadas. Además, solo se han registrado 30 interrupciones voluntarias del embarazo en centros públicos en un periodo de 14 años, lo que destaca un patrón de objeción de conciencia inaceptable a nivel institucional.
Finalmente, los colectivos organizadores han denunciado la «falta de voluntad» por parte de la Junta para dialogar con la sociedad civil, a pesar de sus múltiples solicitudes de reunión dirigidas a las consejerías de Sanidad e Igualdad.
Para más información, puedes consultar la publicación original en el Diario de Castilla-La Mancha.
