Toledo, 21 de febrero de 2025
José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, ha enfatizado la urgencia de establecer un nuevo sistema de financiación para las comunidades autónomas que integre indicadores adecuados para evaluar el coste de los servicios públicos en las áreas despobladas, así como su retribución a dichas comunidades.
Durante una entrevista con el periodista Manuel Campo Vidal, en el evento ‘Empuéblate. Soluciones contra la despoblación’, organizado por EuroCaja Rural y Next Education, detalló que estos indicadores podrían implementarse mediante mecanismos como “la población ajustada” o mediante la creación de “un fondo específico” destinado a financiar servicios públicos, brindando apoyo a regiones impactadas por la despoblación. Reconoció que existe una tercera opción que es la preferida por el Gobierno regional, la cual consistiría en una combinación de ambas estrategias.
Martínez Guijarro destacó el coste asociado a mantener los servicios públicos en los municipios despoblados de la región, citando específicamente la provincia de Guadalajara, donde el coste de una tarjeta sanitaria en estas áreas es cinco veces superior al de la capital.
Este planteamiento será defendido por el Gobierno de Castilla-La Mancha en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, programado para el 26 de febrero, donde participarán delegados de todas las comunidades autónomas.
Cuatro años de la Ley de Despoblación
En el transcurso de la conversación, el vicepresidente primero recordó que en mayo se conmemorará el cuarto aniversario de la aprobación de la Ley de medidas económicas, sociales y tributarias contra la despoblación y para el desarrollo del medio rural en Castilla-La Mancha.
Este 2025 también marca la primera evaluación intermedia de la Estrategia contra la Despoblación, la principal herramienta de implementación de la Ley, que permitirá obtener los primeros resultados.
“Con los datos más recientes, como mencionó, comenzamos a observar indicadores que reflejan resultados positivos”. En particular, desde la entrada en vigencia de la Ley, la región ha experimentado un saldo migratorio positivo de 15.000 personas en áreas despobladas.
Este saldo migratorio positivo se ha registrado en casi todas las áreas zonificadas en la ley, lo que representa un avance esencial para revertir la tendencia de despoblación.
Estos resultados iniciales están relacionados con la garantía de acceso a servicios públicos en el medio rural y la política fiscal diferenciada para los residentes en estos municipios. Para detallar más, se han presentado más de 89.000 declaraciones que se beneficiaron de desgravaciones fiscales en la última campaña de la renta, cifra que ha ido aumentando con el tiempo.
Otro de los pilares de la Ley de medidas contra la despoblación consiste en incentivos y apoyos para revertir la pérdida demográfica. En este contexto, mencionó que “en cuanto al apoyo al emprendimiento, el 25% de las ayudas para iniciar actividades en la región se han destinado a las zonas despobladas”.
Finalmente, subrayó la necesidad de que el Gobierno Central desarrolle un Estatuto para los pequeños municipios que adapte la legislación a las realidades locales y que la nueva Ley de Vivienda contemple las particularidades de los pueblos.
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