Toledo, 25 de febrero de 2025.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado que esta comunidad autónoma es la más favorecida en términos de condonación de deuda por habitante ajustado.

Así lo ha manifestado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en una rueda de prensa realizada hoy en el Palacio de Fuensalida, en Toledo, junto al consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán. La rueda de prensa tuvo lugar tras el Consejo de Gobierno, donde se discutió la postura del Gobierno de Castilla-La Mancha ante el próximo pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se llevará a cabo este miércoles. En esta reunión, se abordará la propuesta del Ministerio de Hacienda sobre la condonación parcial de la deuda de las administraciones regionales con el Estado y la distribución de la recaudación del impuesto a la banca entre las comunidades autónomas. Ruiz Molina estuvo respaldado también por el director general de Presupuestos, Isidro Hernández.

Respecto a la condonación de la deuda, Ruiz Molina expresó la satisfacción del Gobierno de Castilla-La Mancha con la propuesta del Ministerio de Hacienda, que reconoce «una de las reivindicaciones históricas» que esta región ha planteado a lo largo del tiempo, tanto con gobiernos del Partido Popular como del Partido Socialista. La cifra de la condonación para la región se eleva a 4.927 millones de euros, gracias a una metodología que considera los criterios expuestos por la comunidad en torno a la infrafinanciación.

En este sentido, enfatizó que Castilla-La Mancha se ubica como la región más beneficiada en términos de deuda por habitante ajustado, contabilizando 2.319 euros por persona, lo que representa un 24% más que la media de 1.874 euros en las comunidades de régimen común. También destacó que Castilla-La Mancha es la segunda comunidad, tras Andalucía, con mayor reducción en la ratio de deuda respecto al PIB.

En cuanto a la deuda total a diciembre de 2023, el porcentaje condonado alcanza el 30,5%, una cifra superior al 26,7% del conjunto de comunidades autónomas. Estos 5.000 millones en condonación equivalen al 75% de la deuda acumulada durante el gobierno de Cospedal, que aumentó la deuda de Castilla-La Mancha en 6.573 millones de euros durante su mandato, duplicando la cifra con la que asumió el cargo en junio de 2011.

Aclarando la situación para los agentes económicos y sociales, el consejero comentó que no se recibe directamente esa cantidad, sino que se reduce la deuda de la Comunidad Autónoma con el Estado, cuya repercusión en la carga financiera dependerá de las reuniones bilaterales con el Estado que definan la cantidad exacta a condonar.

Firme oposición al criterio de reparto del impuesto a la banca

En el mismo marco, Ruiz Molina manifestó el «absoluto rechazo» del Gobierno de Castilla-La Mancha a un reparto del impuesto a la banca entre comunidades autónomas basado en el PIB. Aseguró que este enfoque no considera las necesidades de las regiones y prioriza la capacidad económica, lo que considera un «atropello» y una violación de los principios de redistribución de la riqueza y del artículo 40 de la Constitución, que busca promover una distribución más equitativa de la renta.

Advirtió que aceptar este criterio podría sentar un peligroso precedente en cuanto a la distribución de la riqueza en España y abrir la puerta a un modelo de financiación que favorezca a comunidades como Cataluña, que sostiene que las regiones con más capacidad económica deben recibir mejores servicios públicos y, por lo tanto, mayor financiación.

Ruiz Molina resaltó que este criterio afecta a uno de los principios fundamentales de la socialdemocracia: que quien más ingresos tiene, debe contribuir más para ayudar a quienes más lo requieren.

Hacia un nuevo modelo de financiación autonómica

Durante su intervención, Ruiz Molina reafirmó el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con la defensa de los intereses de la región, apelando a la responsabilidad de todas las formaciones políticas para respaldar las medidas que beneficien a la ciudadanía. También insistió en la necesidad de un nuevo modelo de financiación autonómica que permita a Castilla-La Mancha salir de la situación actual de infrafinanciación.

En esta dirección, solicitó al Gobierno de España que asuma el “liderazgo” necesario para establecer un nuevo sistema de financiación que satisfaga las necesidades de las comunidades, asegurando mayores recursos y un reparto más equitativo que cubra el coste real de los servicios públicos, especialmente en lo que respecta al Estado del Bienestar. Mientras tanto, el Gobierno de Castilla-La Mancha continuará pidiendo la creación de un fondo transitorio para compensar a aquellas comunidades que están claramente infrafinanciadas bajo el actual modelo.