Con el fin de reducir el tiempo de espera para las valoraciones de discapacidad, que actualmente se sitúa en una media de 15 meses, el Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión de 700.000 euros para la contratación de 17 terapeutas ocupacionales. Estos profesionales serán contratados inicialmente por un período de seis meses con la posibilidad de ampliación a un año, y tendrán la tarea de acelerar el proceso de valoración en los Centros Base de las provincias de Castilla-La Mancha y en el equipo de Talavera de la Reina 2.
La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, atribuye el aumento en los tiempos de espera a la implementación del nuevo proceso de valoración definido por el Real Decreto 888/2023, sumado a la dificultad de cubrir vacantes para médicos en dichos centros. En una rueda de prensa celebrada este miércoles, García Torijano aseguró que estos terapeutas ocupacionales se incorporarán de manera inmediata, destacando la importancia y el impacto que se espera que esta medida tenga en la agilización del proceso.
La consejera explicó que la distribución de estos profesionales se llevará a cabo según las necesidades identificadas en los diferentes centros, y señaló que ya estaban avanzando para reducir la espera de dos años a aproximadamente nueve o diez meses. Sin embargo, el nuevo decreto ha vuelto a prolongar los tiempos a los 15 meses actuales.
García Torijano también mencionó que Castilla-La Mancha, junto con otras comunidades autónomas, espera que el Ministerio realice ajustes al decreto para contribuir a reducir esos tiempos de espera. Como medidas adicionales, se mantendrá el refuerzo temporal en los equipos de valoración de los Centros Base de Albacete y Toledo, que presentaban mayores retrasos. Desde la Viceconsejería de Atención a la Dependencia y el Sescam, se está elaborando un nuevo informe de salud que facilite un triaje previo adecuado antes de las valoraciones por los equipos multidisciplinares.
Además, se han dado instrucciones a los Centros Base para agilizar el procedimiento en cuanto a revisiones e inadmisiones, y se seguirá priorizando los casos de extrema vulnerabilidad durante el proceso de valoración de discapacidad. Con todas estas acciones, se busca atender de manera más eficiente y rápida las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias en la región.