Toledo, 28 de enero de 2025.-
El Consejo de Gobierno ha enviado el Anteproyecto de Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa de Castilla-La Mancha al Consejo Consultivo para que este elabore el informe necesario, el cual será remitido a las Cortes de Castilla-La Mancha en marzo.
Así lo ha anunciado José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente primero del Gobierno Autonómico, quien enfatizó que la futura normativa y las medidas que incluye tienen como objetivo “mejorar la agilidad en los trámites y simplificar la interacción entre los ciudadanos, las empresas y la Administración regional”.
El Anteproyecto de Ley incluye aspectos como el silencio administrativo positivo, la regulación del uso de la Inteligencia Artificial, la creación del Espacio Ciudadano y la regulación de las Entidades Colaboradoras con la Administración regional.
Entre las novedades más destacadas, se establece que el silencio administrativo será en términos generales positivo, así como un doble silencio positivo en caso de que un recurso presentado por un ciudadano no sea resuelto en el plazo estipulado. Además, se fijan plazos de resolución de tres meses para los procedimientos que compete a la Administración regional y se reduce a diez días el tiempo de emisión de informes internos.
Declaraciones responsables y Entidades Colaboradoras
Durante su intervención, el vicepresidente primero también destacó que otra de las novedades en la ley es la sustitución de la autorización previa para ciertas actividades por declaraciones responsables por parte del interesado. Esto implica un cambio hacia un modelo de Administración que confía más en el cumplimiento normativo por parte de los ciudadanos.
Asimismo, para garantizar la seguridad del ciudadano y la tranquilidad de la Administración, se planteará que estas declaraciones responsables vayan acompañadas de informes emitidos por una Entidad Colaboradora de la Administración, explicó Martínez Guijarro.
El objetivo es fomentar la colaboración público-privada, un proceso que se ha venido utilizando en la administración durante años. “Hemos implementado y seguiremos implementando fórmulas que mejoren la calidad de los servicios”, afirmó, asegurando que la resolución de expedientes estará a cargo de los órganos administrativos de la Comunidad Autónoma y que la titularidad de los servicios será siempre pública.
Las Entidades Colaboradoras tendrán que estar acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) y por la propia Comunidad Autónoma para poder participar en los procedimientos administrativos establecidos en la normativa sectorial de la región. En el marco de la ley, se contemplan once competencias en las que estas Entidades podrán actuar.
Digitalización de la Administración
Otra importante novedad de la legislación propuesta es la digitalización de los procedimientos y la incorporación de herramientas que faciliten la agilización administrativa.
Se prevé el uso de la Inteligencia Artificial para la gestión de expedientes, cumpliendo con las directrices de la Unión Europea en la materia y garantizando la seguridad jurídica tanto para el personal público como para los ciudadanos. Esta regulación es innovadora, ya que “somos la primera Comunidad Autónoma en integrarla en una Ley”, destacó el vicepresidente.
Finalmente, se anuncia la creación del ‘Espacio Ciudadano’, un entorno digital que permitirá a los ciudadanos de Castilla-La Mancha acceder a los servicios ofrecidos por el Gobierno de manera sencilla y sin necesidad de realizar trámites en persona. A través del ‘Espacio Ciudadano’, también se habilitará el ‘Canal Empresa’ que concentrará las ofertas dirigidas a los empresarios, integrando además la proactividad en función de los datos disponibles, concluyó Martínez Guijarro.
Un Anteproyecto de Ley con amplia participación
Por último, Martínez Guijarro subrayó que el texto ha sido objeto de un profundo debate dentro del Gobierno de Castilla-La Mancha, además de haber estado sometido a un proceso de participación ciudadana desde su concepción.
Concretamente, ha sido revisado por seis órganos colegiados, incluyendo el Consejo Regional de Municipios, el Consejo de Diálogo Social, y el Consejo Asesor de Medio Ambiente, así como por diversos informes de la Administración Regional (Impacto Presupuestario, Impacto de Género, Impacto de Mercado e Impacto Demográfico).
Todo este esfuerzo ha dado lugar a un Anteproyecto de Ley que consta de seis títulos, 71 artículos, dos disposiciones generales y diez disposiciones finales, impactando significativamente en el marco normativo de la Comunidad Autónoma. Una vez sea aprobada por las Cortes de Castilla-La Mancha y entre en vigor, esta ley modificará hasta ocho leyes de la Administración Regional para facilitar la tramitación administrativa.
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