El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado un paso importante hacia la mejora de las políticas sociales y la seguridad jurídica al aprobar en el Consejo de Gobierno el Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias. Esta iniciativa está destinada a fortalecer las acciones en áreas como educación, cultura, servicios sociales y empleo público, al mismo tiempo que proporciona una mayor seguridad jurídica en diferentes ámbitos administrativos.
Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, presentó esta propuesta en una rueda de prensa celebrada en el Palacio de Fuensalida, en Toledo. Ruiz Molina detalló que la ley, conocida como Ley de Acompañamiento a la Ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2025, implica modificaciones puntuales en doce leyes regionales. El objetivo es reunir todas estas modificaciones relevantes en un solo texto legal antes de enviarlo a las Cortes autonómicas para su tramitación parlamentaria.
Entre los cambios más destacados se encuentra la modificación de la Ley de Educación de Castilla-La Mancha, que busca asegurar la gratuidad del transporte escolar para los estudiantes de bachillerato en áreas rurales que enfrentan el riesgo de despoblación. También se propone un ajuste en la Ley de Participación Social en la Educación, garantizando que la representación en los consejos escolares sea asignada directamente a padres, madres y alumnos.
En el ámbito de los servicios sociales, la reforma de la Ley de Atención y Protección de la Infancia y la Adolescencia permitirá que los abogados del Gabinete jurídico continúen ofreciendo defensa a los jóvenes tutelados por la Junta una vez que alcancen la mayoría de edad. Además, en lo que respecta al empleo público, se eliminará la limitación que restringe la convocatoria de plazas vacantes en el Sescam, lo cual facilitará la agilización de los procesos de selección.
El proyecto también aborda el ámbito cultural al modificar la Ley de Mecenazgo, que se ampliará para otorgar beneficios fiscales a actividades deportivas, evidenciando un interés por promover el ejercicio físico en la ciudadanía. Asimismo, se introducen cambios en la normativa del juego, que excluyen ciertos juegos considerados Bien de Interés Cultural y regulan el acceso a los salones de juego mediante tecnología biométrica.
Por otro lado, la reforma busca mejorar la gestión del patrimonio público y cultural, promoviendo una distribución más justa de los ingresos generados por actividades urbanísticas y la inclusión del paisaje cultural como una categoría de protección dentro del patrimonio regional.
Ruiz Molina subrayó que esta ley está destinada a fortalecer las políticas sociales y garantizar seguridad jurídica a las acciones de la administración regional, favoreciendo una gestión más eficiente de los servicios públicos. La tramitación de este proyecto, según el consejero, es posible gracias a la estabilidad política en la región, lo que permite llevar a cabo una activa labor legislativa en beneficio de la ciudadanía.
La publicación de esta información sobre el «Aprobado en Castilla-La Mancha el Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias en el Consejo de Gobierno» se realizó primero en Diario de Castilla-La Mancha.
