El Consejo de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Castilla-La Mancha ha jugado un papel esencial en la creación de un nuevo decreto que regula las Entidades Colaboradoras de la Administración. Esta iniciativa busca fortalecer el apoyo técnico a las entidades locales, especialmente a aquellas de menor tamaño, sin sustituir las competencias ni el principio de autoridad de la Administración pública.
Este decreto, aprobado recientemente y disponible en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, establece el marco jurídico para estas entidades conforme a la Ley 4/2025 de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa. El objetivo es permitir que las entidades colaboradoras actúen en áreas como el urbanismo, la gestión forestal, la evaluación ambiental, la economía circular, el patrimonio cultural, los servicios sociales y el turismo.
Rafael Santiago, presidente de COSITAL Castilla-La Mancha, ha manifestado que la normativa tiene como fin mejorar la capacidad técnica de las administraciones públicas, especialmente en zonas rurales, mediante una colaboración eficaz con entidades especializadas. Estas entidades contribuirán con apoyo técnico bajo un régimen público-privado, optimizando procesos y mejorando la calidad técnica de los expedientes.
El decreto indica que las funciones de estas entidades colaboradoras se limitarán a la elaboración de informes, certificaciones y asistencia técnica, asegurando que no reemplazarán las competencias de la Administración, que continuará supervisando los procedimientos. Según Santiago, «esto no supone una dejación del principio de autoridad. Son entidades que colaboran con nosotros, no nos sustituyen».
Inicialmente, el marco legislativo se centra en el urbanismo, pero se expandirá a sectores como la gestión forestal, la calidad ambiental y la promoción empresarial. COSITAL Castilla-La Mancha considera que esta normativa es una oportunidad para aumentar la capacidad de gestión de los ayuntamientos, facilitando el acceso a recursos técnicos especializados, crucial para aquellos ayuntamientos con estructuras administrativas pequeñas.
«Todo lo que refuerce la capacidad técnica de nuestros ayuntamientos es bienvenido. Lo importante es que dispongan de más herramientas para mejorar el servicio a la ciudadanía, manteniendo las garantías, el control administrativo y la seguridad jurídica», concluyó Rafael Santiago.
