El Gobierno regional y el Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha fortalecen su colaboración en temas de emergencia.

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El 14 de noviembre de 2025, en Toledo, el Gobierno regional y el Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha (COACM) han reforzado su cooperación en el ámbito de emergencias mediante la firma de un Protocolo General de Actuación. Este acuerdo tiene como finalidad intervenir en situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofes o calamidades públicas, activando un plan de protección civil en las fases de emergencia y recuperación.

La firma del protocolo reunió a destacados representantes, como el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina; el consejero de Fomento, Nacho Hernando; el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor; y la decana del COACM, Maria Elena Guijarro. Con este documento, se busca asegurar la creación y mantenimiento de un equipo de expertos en evaluación de daños en emergencias, además de fomentar la formación y colaboración entre los servicios de emergencia de la Administración regional y los arquitectos.

La iniciativa surge en respuesta al incremento de emergencias y catástrofes que han puesto en riesgo la seguridad de las personas, el medio ambiente y bienes materiales, incluyendo infraestructuras críticas y patrimonio cultural en la comunidad autónoma.

El acuerdo establece un régimen colaborativo en el que arquitectos colegiados se comprometen a ofrecer sus servicios profesionales, asesorando e inspeccionando la seguridad de viviendas e infraestructuras. Además, se prevé la colaboración con la Escuela de Protección Ciudadana para desarrollar una oferta formativa que potencie la preparación técnica de los equipos que intervienen en situaciones de riesgo.

En cuanto a la implementación, la Dirección General de Protección Ciudadana se encargará de acreditar a los arquitectos que reciban formación en evaluación de daños y coordinar sus intervenciones en el terreno. Asimismo, se creará una Comisión de Seguimiento, integrada por representantes de ambas partes, que supervisará la ejecución del protocolo, garantizando que cada firma aporte los recursos necesarios sin incurrir en gastos adicionales.

Este convenio representa una respuesta proactiva y coordinada ante el aumento de situaciones de emergencia, con el objetivo de mejorar la seguridad y la eficacia en la intervención durante crisis en la región.

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