La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo llevará a cabo un juicio los próximos 10 y 11 de septiembre, donde seis individuos enfrentarán acusaciones de haber traído a España, desde Colombia, a un total de siete mujeres para explotarlas sexualmente. La Fiscalía solicita para cada uno de los involucrados una pena de 12 años y medio de prisión.
Según la información a la que tuvo acceso Europa Press, los acusados O.O.O.R. y A.K.P.N., quienes mantenían una relación sentimental, se trasladaron a Toledo junto a otros conspiradores, incluidos los hermanos J.J.R. y G.A.O.G. Ellos estarían implicados en una red que buscaba obtener beneficios económicos a partir de la prostitución de mujeres provenientes de La Virginia, Colombia, de donde son originarios tanto O.O.O.R. como sus hermanos.
Los hechos se remontan a mayo de 2019, cuando J.J.R. se puso en contacto con una amiga, identificada como B., para ofrecerle la posibilidad de venir a España con la promesa de trabajar en la prostitución. Se acordó que B. recibiría un adelanto que cubriría su pasaporte, boletos de avión y una suma de dinero en efectivo. Sin embargo, a cambio, los acusados le impusieron una elevada «deuda» que obligaba a B. a devolver 3.000 euros a O.O.O.R., utilizando los ingresos generados por su trabajo como prostituta, una cantidad que era casi tres veces mayor que sus gastos iniciales.
Este modus operandi se replicó con otras mujeres, entre ellas C., D., E., G., H., J. y L. Algunas de ellas ingresaron a España a través de países como Francia y Alemania, con el fin de eludir los controles en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Las mujeres eran capacitadas sobre cómo promocionar sus servicios y se les exigía pagar un alquiler desproporcionado por su vivienda.
Además, la organización delictiva incluía la venta de cocaína a los clientes durante los encuentros sexuales, con O.O.O.R. supervisando la distribución de la sustancia en los domicilios donde operaban.
La denuncia fue presentada a la Policía el 8 de diciembre de 2019, cuando B. acudió a la comisaría de Toledo para informar sobre su situación. A partir de su declaración, se inició una investigación que culminó en varios registros domiciliarios. Durante estos operativos, se incautaron cocaína, dinero en efectivo y otros elementos que evidenciaron la actividad ilegal del grupo.
La Fiscalía ha formulado acusaciones severas contra los imputados, solicitando siete años de prisión por delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, un año por la vulneración de los derechos de los ciudadanos extranjeros y cuatro años y medio por un delito contra la salud pública. Todos los acusados son considerados coautores de los delitos mencionados.
