Toledo, 2 de julio de 2025. La consejera y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha anunciado hoy la aprobación de un decreto que regula la concesión directa de subvenciones dentro del Programa de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad en el mercado de trabajo protegido de la región. Esta iniciativa moviliza más de 31 millones de euros y tiene como objetivo favorecer la contratación de aproximadamente 5.000 personas con discapacidad a lo largo de 2025.
Padilla ha indicado que estas ayudas están diseñadas para atender las necesidades particulares de estos colectivos, quienes enfrentan dificultades significativas para integrarse en el mercado laboral y que requieren condiciones específicas para desempeñar sus trabajos de manera adecuada. Gracias a políticas como esta, Castilla-La Mancha supera en tres puntos la media nacional en la tasa de actividad de personas con discapacidad, lo que demuestra el compromiso del gobierno regional.
Los beneficiarios de estas ayudas son, por un lado, las personas con discapacidad que tengan un grado reconocido igual o superior al 33 por ciento. Además, se dará prioridad a aquellos con parálisis cerebral, trastorno de salud mental, discapacidad intelectual o trastorno del espectro autista, siempre que tengan un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Se incluye también a quienes tengan una discapacidad física o sensorial con un grado igual o superior al 65 por ciento. En total, 98 organizaciones gestionarán estas ayudas, beneficiando a unas 4.900 personas.
Estructura del Programa
El programa se divide en tres líneas:
- Primera línea: Con un presupuesto de 1,2 millones de euros, se destina a subvencionar inversiones fijas que generen empleo en centros especiales de empleo, como maquinaria, mobiliario, equipos informáticos y vehículos. La ayuda puede alcanzar hasta 12.000 euros por cada contratación indefinida o transformación de un contrato temporal en indefinido.
- Segunda línea: Con una asignación de 28 millones de euros, se subvenciona el coste salarial de las personas con discapacidad contratadas en estos centros. La ayuda varía entre el 40 y el 45 por ciento del salario, dependiendo del tipo y grado de discapacidad y de la estabilidad del empleo.
- Third line: Dotada con 900.000 euros, financia servicios de ajuste personal y social a través de unidades de apoyo, con una cuantía fija de 1.440 euros anuales por cada persona contratada de forma indefinida o durante al menos seis meses.
La portavoz ha recordado que uno de cada tres euros de la Estrategia Regional por el Empleo se destina a medidas inclusivas, lo que refleja, según sus palabras, “nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades, sin importar las capacidades de cada individuo”.
Contrato Bibliobuses
Por otro lado, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado un convenio de colaboración con la Diputación Provincial de Toledo que asegura, un año más, el funcionamiento de la red de bibliobuses durante 2025. Esta medida reafirma el compromiso del Ejecutivo autonómico con el acceso a la cultura y la igualdad territorial, permitiendo que la cultura y la lectura lleguen a pequeños municipios que carecen de biblioteca pública.
En la provincia de Toledo, el servicio se proporciona a través de dos bibliobuses que cubren las zonas de La Sagra-Torrijos y Talavera de la Reina. Ambas rutas benefician a casi 30.000 personas, con 92 paradas en 72 municipios. En la primera área, se han registrado más de 4.300 personas en 21 municipios; en la segunda, más de 3.500 en 51 municipios. “Este es un ejemplo claro de cómo, para atender a menos personas en un mayor territorio, se requiere un esfuerzo adicional”, ha subrayado la portavoz, recordando que todas las personas tienen “el mismo derecho a acceder a los servicios, sin importar su lugar de residencia”.
En la actualidad, la red de bibliobuses de Castilla-La Mancha está compuesta por ocho vehículos que llegan a cerca de 330 municipios y a una población rural de 75.000 personas. Este sistema realiza casi 60.000 préstamos al año y cuenta con más de 18.000 personas inscritas y un fondo documental que supera los 135.000 ejemplares. Además, la portavoz ha señalado que se destinan alrededor de un millón de euros anuales para su funcionamiento en las cuatro provincias.
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