Toledo, 5 de junio de 2025. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha defendido un sistema fiscal justo que busque garantizar la igualdad de oportunidades para todos los habitantes de la región. Esta defensa fue presentada por el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante su intervención en el debate sobre política fiscal en el Pleno de las Cortes regionales.
Ruiz Molina indicó que la administración dirigida por Emiliano García-Page está comprometida con el principio de acceso equitativo al Estado de Bienestar, algo que se logra mediante un sistema impositivo que exige a los más favorecidos contribuir al bienestar de aquellos con menos recursos.
El consejero hizo hincapié en que el Gobierno actúa de manera responsable y leal a sus compromisos, destacando la congelación de la presión fiscal y la puesta en marcha de un paquete de desgravaciones dirigidas a familias, jóvenes y grupos vulnerables. Según Ruiz Molina, este enfoque ha permitido no solo recuperar, sino consolidar los servicios públicos disponibles para la ciudadanía.
Asimismo, Ruiz Molina resaltó la transparencia del Gobierno en materia de recaudación fiscal, subrayando la importancia de que los ciudadanos contribuyan de acuerdo a su capacidad económica. Además, enfatizó el objetivo del Ejecutivo de proteger estos servicios esenciales en el nuevo Estatuto.
En contraste, el consejero criticó al Partido Popular, acusándolo de "carecer de credibilidad fiscal" y de actuar sin transparencia. Ruiz Molina sostuvo que las propuestas del PP encubren “consecuencias negativas” y recordó experiencias pasadas en las que, a pesar de las promesas de reducción de impuestos en campañas electorales, se terminaron aumentando durante sus gobiernos.
El consejero advirtió que el "populismo fiscal" del PP podría perjudicar aún más a los ciudadanos con menos recursos, ya que las rebajas fiscales propuestas favorecerían principalmente a quienes tienen mayor capacidad económica. Según sus estimaciones, estas medidas podrían resultar en una reducción de ingresos públicos que afectaría significativamente a la administración regional, con un impacto negativo proyectado de más de 300 millones de euros.
Con estas afirmaciones, el Gobierno de Castilla-La Mancha reafirma su compromiso con un sistema fiscal que promueva la igualdad y la justicia social, al tiempo que critica las políticas de la oposición que, a su juicio, ignoran las necesidades de los sectores más vulnerables.
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