Este martes, FSIE, UGT, USO y CCOO han iniciado una serie de concentraciones en Toledo con el propósito de «visibilizar la injusticia» que, según los sindicatos, está cometiendo la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en relación con la enseñanza concertada en la región. Los sindicatos han demandado la creación de una mesa de diálogo para abordar múltiples reivindicaciones laborales, incluidas la implementación de la jubilación parcial, la reducción de la carga lectiva y el pago de una antigüedad.
Frente a la Consejería de Educación, los representantes sindicales criticaron al consejero Amador Pastor por su falta de disposición para atender sus solicitudes. Jaime Romero Felipe, secretario provincial de FSIE en Ciudad Real, denunció que la Administración regional ignora las peticiones de mejora laboral que llevan años esperando, lo que afecta a aproximadamente 6,000 docentes y personal administrativo del sector.
Romero Felipe subrayó que la situación se volvió insostenible en marzo, cuando la Administración se negó a negociar un convenio sobre jubilaciones parciales tras un cambio en la legislación estatal. «Hemos solicitado una reunión antes de que termine este curso para negociar un nuevo acuerdo que permita a los docentes conocer y acogerse a esta opción para el próximo curso», comentó.
Por su parte, Tomás Seco de Herrera, coordinador y secretario de USO Castilla-La Mancha en la Federación de Enseñanza, criticó la falta de avances en las negociaciones desde su última reunión con la viceconsejera de Educación. Asimismo, denunció que la Administración no cuenta con un presupuesto destinado a financiar la jubilación parcial en la enseñanza concertada, lo que sugiere un desinterés hacia esta demanda legitimada.
Fernando Villamor, responsable de Educación Concertada de UGT Castilla-La Mancha, instó a la Consejería a convocar una reunión antes de finalizar el curso para lograr un acuerdo sobre las diversas cuestiones planteadas. Luis Gutiérrez, de CCOO, también expresó su pesar por la falta de convocatorias prometidas y la carencia de voluntad para negociar.
Los representantes sindicales reafirmaron que, a pesar de recibir una remuneración inferior, el profesorado de la concertada brinda un servicio público de calidad y merece el mismo reconocimiento que sus colegas en la educación pública. Enfatizaron la necesidad de restablecer el pago de la antigüedad, que no se ha abonado en casi diez años, así como la reducción de la carga lectiva, un derecho que consideran disfrutado por los docentes de la educación pública.
Con estas acciones, los sindicatos han manifestado su firme determinación de intensificar la lucha hasta alcanzar un acuerdo justo que reconozca y respete el trabajo de los educadores y del personal de la enseñanza concertada.
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