La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo tiene agendado para el próximo martes, 29 de este mes, el juicio contra un individuo identificado como F.G.J., quien enfrenta serias acusaciones de agresión sexual a una menor de 16 años. La Fiscalía ha solicitado una pena de diez años de prisión para el acusado.
Los eventos que dieron origen a este caso ocurrieron en la madrugada del 18 de julio de 2022. En esa ocasión, la menor, que entonces tenía 14 años, fue llevada por su padre a las cercanías del lago de Argés, donde iba a celebrarse un botellón que fue posteriormente disuelto por la Guardia Civil. Tras la intervención, la joven y sus amigos decidieron trasladarse a Seseña Viejo, donde, mediante la red social Instagram, habían conocido de otra fiesta. En este nuevo encuentro, el grupo consumió alcohol, y fue en esta situación donde el acusado se acercó inicialmente para solicitarles bebida.
Posteriormente, el grupo se unió a otras personas que les ofrecieron cerveza, lo que culminó con su llegada a una vivienda pasadas las 6:00 horas. Dentro de la casa, la menor se sentó en un sofá junto a una amiga. Al ausentarse esta última para ir al baño, el acusado invitó a la menor a subir a una habitación en el piso superior. En ese lugar, F.G.J. agredió sexualmente a la joven, llevándola a cabo una penetración vaginal sin protección y tomando una fotografía de ella mientras se encontraba desnuda. La menor fue hallada más tarde en la vivienda por el padre de otra amiga alrededor de las 12:30 horas.
No solo se solicita una pena de prisión, sino que el fiscal también ha demandado que se emita una orden de alejamiento de al menos quinientos metros de la víctima y de su entorno durante un periodo que superaría el tiempo de encarcelamiento. Además, se requieren ocho años de libertad vigilada, con la obligación de formar parte de programas de educación sexual, así como una inhabilitación especial de quince años para cualquier actividad que implique contacto directo con menores.
Por último, se ha dictaminado que el acusado deberá indemnizar a la víctima con 10.000 euros por los daños morales sufridos. El enfoque del juicio se centrará en el derecho de la menor a obtener justicia y protección frente a este tipo de crímenes.
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