Este martes, Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha dio a conocer un informe titulado ‘Vivienda y bienestar en Castilla-La Mancha 2024’, en el cual se presentan diversas iniciativas para asegurar el derecho de acceso a la vivienda en la región. Juan Carlos del Puerto, secretario de Empleo y Políticas Públicas del sindicato, subrayó la importancia de intervenir en el mercado de alquiler, establecer un parque público de vivienda, regular las áreas de alta demanda y desarrollar un programa de compraventa basado en derechos de tanteo y retracto.
El informe examina la situación actual de la vivienda en Castilla-La Mancha, poniendo de manifiesto el impacto de las políticas de vivienda implementadas durante los últimos 40 años, así como la regulación y recalificación de viviendas protegidas. CCOO detalla que existen un total de 1.347.273 viviendas en la región, de las cuales el 23% están vacías. Este porcentaje es especialmente preocupante en Ciudad Real y Toledo, donde se acumulan el 30% y el 29% de estas viviendas deshabitadas, respectivamente.
Además, el documento indica que 614.765 personas residen en viviendas con hipoteca y 253.904 en alquiler, lo que representa el 38% de la población regional. En contraste, el 37% reside en viviendas propias completamente pagadas. Del Puerto también señaló el deterioro de la vivienda pública, con apenas 7.000 viviendas de protección oficial disponibles, a pesar de que entre 1991 y 2023 se construyeron un total de 74.857.
Según el sindicato, el mercado de compraventa se ha vuelto cada vez más especulativo, registrando 25.812 transacciones en 2023. CCOO afirma que los precios de la vivienda para compraventa han superado incluso los niveles alcanzados durante el boom inmobiliario de 2008. Entre 2016 y 2023, el costo del alquiler ha aumentado más de un 35%, lo que ha llevado a los trabajadores a destinar más del 40% de su salario medio anual a pagar el alquiler.
El informe también resalta un aumento en la cantidad de personas que poseen múltiples propiedades, lo cual está relacionado con el crecimiento de la vivienda turística y la gentrificación en ciudades como Toledo, Albacete y Cuenca. Ante este panorama, CCOO propone abordar el uso irregular de los alquileres vacacionales y su efecto en el aumento de precios de las viviendas.
Por último, el documento recalca la necesidad de replantear la planificación urbana en el contexto de la emergencia climática, teniendo en cuenta factores como las zonas propensas a inundaciones. Comisiones Obreras prevé iniciar en enero una agenda institucional y social enfocada en la vivienda, con propuestas que incluyen la creación de un Fondo de Inversión en Vivienda Asequible, la implementación de acuerdos en temática de vivienda y la imposición de un 150% de IBI a las viviendas vacías.
En conclusión, el sindicato argumenta que el verdadero desafío en Castilla-La Mancha no radica en la falta de vivienda, sino en la inadecuada gestión y organización del stock existente, instando a evitar soluciones especulativas que dificulten el acceso a una vivienda digna para la población trabajadora de la región.
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