El fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Manuel Fernández, ha presentado recientemente la memoria de su departamento, donde ha abordado una problemática alarmante: el aumento continuo de casos de violencia de género en la región, a pesar de la disminución en el número de órdenes de protección. El informe revela que el año 2023 concluyó con el lamentable saldo de dos mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, una en Ciudad Real y otra en Toledo, cifra que ya se ha igualado en lo que va de 2024. Fernández ha descrito esta estadística como «pequeña pero incesante», lo que subraya la urgencia de persistir en la lucha contra esta problemática, enfatizando que «toda actuación pública es insuficiente».
El fiscal ha resaltado la necesidad de fortalecer la protección a las víctimas y de actuar con mayor rapidez para gestionar la situación. En este sentido, ha señalado un preocupante incremento de la violencia de género digital, que se manifiesta a través de un aumento en el acoso, amenazas e insultos en plataformas de mensajería instantánea. Según Fernández, esta nueva forma de violencia demanda una atención especial por parte de las autoridades.
Además, ha expresado inquietudes sobre las repercusiones de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, especialmente en lo que concierne a la modificación del artículo 416, que permite dispensar a las mujeres de declarar contra sus agresores. Este cambio legislativo, según el fiscal, no ha producido los resultados esperados, ya que aunque la víctima no puede retractarse de su declaración inicial, las declaraciones realizadas durante el juicio tienden a volverse «vagas e imprecisas», lo que puede conducir a sentencias absolutorias con el tiempo.
Fernández ha destacado que la prolongación de los procesos judiciales puede incitar a las mujeres a buscar el perdón o a intentar olvidar lo ocurrido, lo que podría perjudicar los resultados de las condenas. En este contexto, ha reclamado una mayor especialización de los juzgados que se encargan de los casos de violencia machista, recordando que en Castilla-La Mancha solo hay dos juzgados específicos, situados en Albacete y Toledo, para las correspondientes demarcaciones judiciales.
Asimismo, ha denunciado que, a pesar de la urgente necesidad de condenar actos de violencia, las cifras de condenas son «muy escasas». Fernández también ha refutado la noción de las denuncias falsas, subrayando que su incidencia es «muy baja», lo que refuerza la necesidad de una respuesta judicial más efectiva y especializada para enfrentar esta grave problemática social.
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