Mercedes Blanco, una figura destacada en el ámbito de la vivienda en Cataluña, ha abordado los numerosos desafíos que enfrenta el sector del alquiler en esta región, durante su intervención en la jornada dedicada al Derecho Civil Catalán. Como parte de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Comercio de Barcelona y al frente de Vecinos Felices Administración de Fincas y Alquileres, Blanco ha centrado su análisis en las recientes reformas normativas que impactan directamente la forma en que se elaboran los contratos de arrendamiento.
Cataluña ha experimentado un notable incremento en la normativa sobre vivienda en los últimos dieciocho meses, motivado por la Ley de Vivienda. Este marco legal ha introducido controles más estrictos en torno a los precios de alquiler y ha detallado nuevas condiciones para los contratos, con el objetivo de crear un entorno más equilibrado para arrendadores e inquilinos por igual.
En su discurso, Blanco ha enfatizado que la ubicación del inmueble juega un rol crucial en la redacción del contrato de alquiler. Es imprescindible señalar si el inmueble se encuentra en una «zona de mercado residencial tensionado», ya que esta designación tiene un gran impacto al momento de establecer el precio de la renta. En Cataluña, un abrumador 90% de las poblaciones han sido clasificadas bajo esta categoría, reflejando la amplitud de las zonas afectadas.
Otro factor crítico es la categoría del arrendador. Los grandes tenedores, propietarios de más de diez inmuebles, deben respetar el índice de referencia de precios estipulado por el Ministerio de Vivienda. Sin embargo, los pequeños tenedores tienen la posibilidad de aumentar el alquiler hasta un 10%, siempre y cuando hayan realizado mejoras significativas en la propiedad en el transcurso de los últimos dos años.
El debate sobre el precio del alquiler ha sido especialmente intenso. Si bien los grandes tenedores están obligados a seguir el índice de referencia, los pequeños tenedores disfrutan de cierta flexibilidad, siempre que los gastos adicionales, como las cuotas comunitarias o el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), sean claramente señalados y sus incrementos anuales estén controlados.
Blanco ha insistido en la importancia de que los arrendadores comprendan las restricciones al fijar la renta para evitar cláusulas que puedan ser consideradas abusivas. Asimismo, indicó que los contratos deben asegurar una duración mínima de cinco años, otorgando al inquilino la posibilidad de desistir del contrato pasados seis meses con el preaviso requerido.
Durante el evento, se subrayó la importancia de que tanto arrendadores como inquilinos estén bien informados sobre sus derechos y deberes para evitar disputas. La ley ha establecido herramientas para proteger a ambas partes, asegurando un equilibrio en las relaciones de arrendamiento en un mercado que sigue siendo altamente dinámico y regulado.
