El juicio que estaba previsto para el 18 de marzo en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo contra J.R.J.B. ha sido suspendido. El acusado enfrenta una pena de 44 años y tres meses de prisión por haber contactado a varias menores de edad a través de Instagram y WhatsApp entre 2021 y 2022. Durante este tiempo, persuadió a al menos diez menores para que le enviaran fotos y vídeos de contenido sexual, utilizando tácticas como ofrecer pequeñas sumas de dinero y proponiendo encuentros sexuales a cambio de remuneración.
Según información del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, confirmada por Europa Press, la suspensión del juicio fue solicitada por el abogado defensor. En el escrito de la Fiscalía, también accesible para Europa Press, se detalla que el acusado envió material pornográfico a las jóvenes, incluyendo vídeos en los que aparecían otras menores.
Los detalles de la acusación indican que J.R.J.B. tuvo contacto con la menor A. entre agosto y octubre de 2021, a pesar de que ella le informó que tenía solo 15 años. Durante este período, el acusado le envió numerosos vídeos y fotos pornográficas, logrando que A. le enviara dos imágenes de naturaleza sexual. Con otras menores, como C. y D., se desarrollaron situaciones similares, en las que, a pesar de conocer su edad, les enviaba material pornográfico y conseguía que le enviaran fotografías y vídeos íntimos debido a sus insistentes solicitudes.
A lo largo del tiempo, J.R.J.B. utilizó diversas redes sociales para acercarse a varias menores, siendo consciente de que estaban por debajo de la edad de consentimiento. Su comportamiento incluyó la difusión de fotos y vídeos íntimos a otras menores, evidenciando una conducta sistemática de explotación.
La Fiscalía ha presentado serias acusaciones en su contra, responsabilizándolo de hasta cinco delitos de corrupción de menores relacionados con la captación y difusión de pornografía, así como otros delitos asociados a la promoción e inducción a la prostitución de menores, y a la tentativa de contacto para mantener encuentros sexuales con una menor. Las penas solicitadas por la Fiscalía suman un total de 44 años y tres meses de prisión, contemplando además medidas adicionales como la prohibición de acercamiento a menos de 300 metros de las víctimas y penas de libertad vigilada durante varias décadas tras el cumplimiento de la condena.
Este caso pone de manifiesto la constante preocupación en la sociedad por la seguridad de los menores en el entorno digital y la prevalence de conductas delictivas que explotan su vulnerabilidad. La suspensión del juicio añade una nueva capa a esta situación, dejando a la comunidad a la espera de los próximos avances en el proceso judicial.
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