La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo tiene programado juzgar el próximo 18 de marzo a J.R.J.B., quien enfrenta una condena de 44 años y tres meses de prisión por su supuesta implicación en graves delitos relacionados con la explotación de menores. Entre 2021 y 2022, contactó a través de Instagram y WhatsApp a hasta diez chicas menores de edad, a quienes indujo a enviarle fotos y vídeos de contenido sexual. En varias ocasiones, ofreció pequeñas cantidades de dinero a cambio de dicho contenido y propuso encuentros sexuales con una de las menores.
El acusado no solo solicitó material sexual, sino que también envió a las menores numerosas imágenes y vídeos pornográficos, algunos de los cuales mostraban a otros menores. Según la Fiscalía, logró establecer contacto con varias menores, a pesar de ser consciente de su edad y de que estas le informaron de manera explícita que eran menores de 16 años.
Uno de los casos más preocupantes involucra a una menor identificada como A., con quien J.R.J.B. mantuvo contacto desde agosto hasta octubre de 2021. A pesar de que la menor le advirtió sobre su edad, el acusado le envió una gran cantidad de contenido pornográfico y llegó a obtener de ella fotografías de carácter sexual. De manera similar, otras menores como C. y D. también reportaron que le enviaron material íntimo a pesar de que él conocía su edad.
La acusación presenta un patrón de comportamiento del acusado, quien no solo se limitó a pedir fotos, sino que también insistió en mantener comunicaciones de contenido sexual, utilizando una combinación de coacción y manipulación emocional. Este comportamiento delictivo se extendió durante varios meses y se centró en la captación y explotación de menores, motivo por el cual la Fiscalía califica los hechos como de extrema gravedad.
Como resultado de estos delitos, el Ministerio Público ha formulado varias acusaciones que abarcan múltiples delitos de corrupción de menores, promoción e inducción a la prostitución, así como la difusión de material pornográfico. En total, la Fiscalía solicita penas que suman 44 años y tres meses de prisión, además de medidas de prohibición de acercamiento a las víctimas y la imposición de penas de libertad vigilada que podrían extenderse hasta 21 años tras el cumplimiento de la condena. J.R.J.B. también podría quedar inhabilitado para desempeñar profesiones que impliquen contacto con menores durante un período significativo después de cumplir su pena.
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